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Toma de Posesión del Presidente Maduro este 10 de enero de 2019 PDF Imprimir E-mail

SOBRE EL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN

El próximo 10 de enero, Nicolás Maduro Moros, tomará posesión legítima y constitucional de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019 - 2025.

El período presidencial que inicia es resultado de la mayoritaria voluntad popular expresada en la elección presidencial del pasado 20 de mayo de 2018, en la que participaron 9.389.056 votantes.

Un total de 5.823.728 venezolanos, equivalente a 67,8% de los votos emitidos, otorgaron la victoria a las fuerzas políticas que apoyaron la propuesta de reelección del presidente Maduro.

La elección presidencial, prevista inicialmente para diciembre de 2018, fue convocada en fecha anticipada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuerpo deliberante electo democráticamente, el 30 de julio de 2017, mediante sufragio universal directo y secreto, de conformidad con lo previsto en la Constitución Nacional.

Como es conocido públicamente, la elección presidencial fue adelantada como resultado del proceso de diálogo político sostenido desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2018, entre representantes de la oposición venezolana y representantes del gobierno nacional en la República Dominicana.

En la elección del 20 de mayo participaron cuatro candidatos presidenciales en representación de más de 50 partidos políticos y movimientos de electores.

Un sector de la oposición venezolana no acudió al evento electoral con la intención de, ex ante, deslegitimar el resultado, el proceso se desarrolló con plena normalidad, en un clima de civismo y paz.

Con respaldo de EEUU y otros países, este sector político se abstuvo de participar y llamó abiertamente a sabotear la elección. Entre los abstencionistas se encuentra la mayoría de los partidos que hacen parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alianza política opositora, hoy extinta tras sucesivos fracasos electorales.

Los organismos internacionales que acompañaron todas las fases del proceso electoral –incluyendo más de 200 observadores y acompañantes electorales- dejaron constancia de que la elección del 20 de mayo se efectuó de conformidad con las leyes y normas que rigen el sistema electoral venezolano, con amplias garantías para todos los partidos, candidatos y votantes.

Los expertos electorales que estuvieron presentes en Venezuela avalaron los resultados ofrecidos por el Poder Electoral la misma noche, y mediante informes técnicos avalaron igualmente los resultados de 16 auditorías realizadas al proceso electoral antes, durante y posterior al día de la elección.

La elección del 20 de mayo, fue el proceso electoral número 24 desde 1998 y el número 19 desde 2004 cuanto se implantó la automatización del voto electrónico en Venezuela. El sistema electoral construido desde entonces ha eliminado las aberrantes prácticas del fraude electoral, el robo de votos mediante la manipulación de las actas electorales, la exclusión electoral y la suplantación de identidad, entre otras, que fueron práctica común en el pasado, devolviendo a los venezolanos el derecho a la expresión de voluntad electoral de manera transparente, directa, universal y secreta.

La elección del 20 de mayo no sólo cumple todos los estandáres internacionales sino que los sobrepasa de manera contundente. El sistema electoral venezolano es el m, agrupados en el SELAable y seguro del mundo como han certificado los organismos electorale sde toda Amando debatiás transparente, confiable y seguro del mundo como han certificado los organismos electorales de toda América Latina.

 

SOBRE EL DESCONOCIMIENTO DE LA ELECCIÓN DEL 20 DE MAYO

A pesar de la realización de estos procesos electorales, cuya transparencia, constitucionalidad y validez han sido certificados internacionalmente, el Gobierno EEUU, coaligado a un grupo de países de la región (Grupo de Lima) y algunos gobiernos de Europa – con el apoyo abierto de la Secretaría General de la OEA, se resiste a reconocer y respetar la voluntad democrática del pueblo venezolano.

Desde el año pasado, EEUU inició una campaña política, mediática y diplomática dirigida a deslegitimar la democracia venezolana. La primera fase de este plan consistió en desconocer, los resultados electorales del 30 de julio de 2017, en la que el pueblo venezolano –con la participación de 8.089.320 electores- eligió la Asamblea Nacional Constituyente.

La ANC es una instancia constitucional que expresa la voluntad del poder originario en la democracia venezolana, y que entre otras razones, puede ser convocada en situaciones de emergencia nacional. Su elección permitió alcanzar la paz y normalizar la vida institucional ante la criminal violencia política opositora que segó la vida de 120 venezolanos a comienzos de 2017.

En conjunto, la oposición decidió sabotear la elección de la Constituyente. Se desató una feroz campaña mediática y política contra el proceso electoral nacional e internacionalmente buscando deslegitmarlo. Fueron cerrados y asaltados centros electorales, agredidos funcionarios electorales y ciudadanos, fueron quemadas máquinas de votación y fueron bloqueadas carreteras y calles para evitar que el electorado se movilizase el día de la votaciò,. Con todo ello, más de 8 millones de ciudadanos se expresaron en las urnas y favor de la paz.

La legalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente realizada por el Presidente Maduro en mayo de 2017, es incuestionable, de acuerdo a lo establecido en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha legalidad ha sido demostrada jurídicamente en innumerables ocasiones, y consta en los libros de debates de la Constituyente de 1999, cuando se debatió el punto de la convocatoria y estableció claramente que el Presidente puede directamente convocar a una elección constituyente sin necesidad de un referendo.

Posteriormente –contra toda evidencia jurídica y electoral- EEUU extendió su veto a los resultados de la elección presidencial 20 de mayo de 2018, excusándose en la supuesta ilegitmidad del órgano convocante, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Al mismo tiempo, EEUU y sus socios políticos en el hemisferio y Europa, inició una serie de acciones diplomáticas, económicas y políticas para descalificar a las legíasegurarl garabntizar que s sociosvidad y eficienciaria nob descansan bloqueando la normnalizaciuiones conerciale sy econsacato ítimastimas autoridades de Venezuela mediante el incremento de sanciones (medidas unilaterales coercitivas) acusaciones ante la Corte Penal Internacional, intento fallido de aplicar la Carta Democrática Interamericana y acciones de criminalización del Gobierno venezolano ante organismos multilaterales).

Esta campaña hostil de la administración Trump, que no repara en destinar recursos financieros, medidas sancionatorias y presión política contra un país y un pueblo pacífico, no tiene antecedentes en las relaciones entre ambos Estados y constituye una descarada violación de la Carta de las Naciones Unidas, y de los principios del Derecho Internacional.

          

SOBRE LA CAMPAÑA INJERENCISTA DE EEUU Y SUS SOCIOS

La estrategia de EEUU y sus socios consiste en acusar al Gobierno de Venezuela de producir un quiebre democrático, para así plantear la supuesta ilegimitidad del Presidente Maduro a partir del 10 de enero

A este argumento, la campaña agrega la existencia de una supuesta crisis humanitaria que “obligaría” al llamada comunidad internacional )entendiendo ésta no como una mayoría en la Asambela General de la ONU) sino como a coalición política hemisférica de EEUU, Grupo de Lima y pañises de la UE, a actuar contra Venezuela bajo el argumento de la “responsabilidad de proteger”, argumento cínico utilizaodo para justificarr invasiones, guerras y horrendos crímenes de lesa hunanidad en pañises definidos como objetivo de la política de contriol hegemóinico de EEUU.

Este plan, sistemáticamente denunciado por el Gobierno de Venezuela, como lo hiciera el Presidente Maduro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre pasado, persigue varios objetivos:

1. Plantear el desconocimiento del Gobierno legítimo de Venezuela, presionando a los países miembros de Naciones Unidas para que se sumen a una operación de aislamiento internacional, planteando el retiro de representaciones diplomáticas en Venezuela, o acciones bilaterales en el campo politico y económico contra Venezuela.

2.- Producido el desconocimiento del Gobierno venezolano, EEUU y sus socios -entre los que destaca el Gobierno de Colombia- preparan un escenario para legitimar cualquier agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones o autoridades, incluyendo una eventual operación militar, posibilidad planteada en más de una ocasion por el Presidente Trump.

3. Al mismo tiempo, el no reconocimiento del Gobierno de Venezuela, le permitirá a los enemigos de nuestro pueblo, promover, financiar o avalar acciones internas de desestabilización que produzcan el derrocamiento del Gobierno nacional, incluyendo la eliminación física del primer mandatario, como se intentó el pasado 4 de agosto. Tal como lo han reiterado públicamente los más altos voceros de la administración Trump, EEUU mantiene abiertas “todas las opciones” contra Venezuela.

Entre las acciones que EEUU ha exigido a sus socios regionales instrumentar para promover un caos institucional en Venezuela se encuentran el que EEUU y varios Gobiernos reconozcan instancias internacionales artificiales creadas y financiadas por EEUU como autoridades legítimas de Venezuela, o plantear internamente un reconocimiento a un poder del Estado, como lo es la Asamblea Nacional, que se ecuentra actualmente en desacato ante el Tribunal Constitucional, como autoridad legítima de Venezuela.

4.- El desconocimiento del Gobierno legítimo de Venezuela, permitirá a EEUU justificar e incrementar las criminales e inhumanas acciones de bloqueo y sabotaje contra la economía venezolana, mediante el incremento de medidas coercitivas unilaterales, calificadas por el experto independiente de ONU, Alfred De Zayas, por sus terribles efectos sobre la población, como “delito de lesa humanidad”.

El bloqueo económico contra Venezuela que lleva casi cuatro años de aplicación desde la aprobación del Decreto Obama en marzo de 2015 que definió a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de EE.UU., impide el normal acceso del país a alimentos, medicinas, bienes básicos y cierra el acceso a financiamiento internacional mediante una política de persecusión financiera contra Venezuela.

Toda la estrategia estadounidense se despliega sobre una retórica que busca justificar ante la comunidad internacional la propuesta de una “transición política en Venezuela”, figura inexistente en nuestra Constitución y claramente derogatoria de la soberanía política del Estado venezolano.

La retórica hipócrita de EEUU justifica la campaña anti venezolana bajo el argumento de buscar un proceso de negociación política que conduzca la supuesta realización de procesos electorales. En la práctica, EEUU ha saboteado los sucesivos intentos de diálogo y ha ordenado a la oposición retirarse de todos los procesos electorales convocados desde 2015, conducta suicida que ha dejado prácticamente sin representación en el Estado al electorado opositor en Venezuela.

Como puede observarse claramente, EEUU se opone a una solución pacífica a la situación de Venezuela. EEUU se opone de manera sistemática a cualquier salida electoral y a cualquier forma de diálogo entre los venezolanos, como quedó demostrado en febrero pasado, cuando Washington bloqueó la firma del acuerdo alcanzado entre grupos opositores y el Gobierno venezolano en República Dominicana, bajo los auspicios del presidente Danilo Medina y con el acompañamiento de varios expresidentes.

El único objetivo de EEUU y sus socios es generar una crisis en todos los órdenes que conduzca, por cualquier vía, a una salida violenta; producir el derrocamiento del Gobierno legítimo y la toma del control del Estado venezolano por parte de élites económicas y políticas nacionales e internacionales bajo las órdenes de Washington. El único objetivo de EEUU es producir un “cambio de régimen” en Venezuela.

Conforme avanzan los procesos electorales y se normaliza la vida política y económica del país, EEUU eleva la retórica hostil contra Venezuela y despliega una diplomacia basada en la amenaza permanente y la presión contra el Gobierno y el pueblo de Venezuela.

La agudización de esta peligrosa tendencia injerencista por parte de EEUU ha erosionado de manera catastrófica el multilateralismo en la región, ha sembrado la división en la comunidad hemisférica y ha creado una situación sin precedentes, en la que Gobiernos de países hermanos son instrumentalizados por EEUU como plataforma para agredir diplomática, política y económicamente a la República Bolivariana de Venezuela.

Este hecho queda patente en el insólito Comunicado aprobado por el autodenominado Grupo de Lima el pasado 4 de enero, manifiesto que quedará en la historia política hemisférica como una página de oprobio y verguenza, donde claramente –desechando los principios del Derecho Internacional- varios Gobiernos de la región se adjudican la facultad de intervenir la democracia venezolana.

La declaración del Grupo de Lima, ilegal, extraterritorial y violatoria del Derecho Público Internacional y de los principios que rigen las relaciones entre los Estados, que desafía al Estado venezolano al reconocer como única autoridad a una cuerpo legislativo que se encuentra afectado por un proceso legal ante el Tribunal Supremo de Justicia, es una clara muestra del plan de Washington de agredir a Venezuela usando como plataforma a Gobiernos de la región, y sienta las bases para peligrosas y temerarias acciones de agresión e intervención.

Todo el conjunto de medidas y acciones contra Venezuela diseñadas por Washington: las medidas coercitivas unilaterales, la recurrente amenaza de intervención militar extranjera, la construcción de expedientes contra Venezuela en organismos internacionales, los intentos fallidos de golpe de Estado, el público y notorio magnicidio frustrado contra el Presidente de la República el 04 de agosto de 2018, la generación de situaciones de tensión en las fronteras oeste y sur de Venezuela, la infiltración de grupos paramilitares provenientes de Colombia, entre otros, son elementos que si bien han sido desactivados por el Gobierno de Venezuela con las herramientas de la legalidad y la prudencia política, comienzan a ejercer una presión cada vez mayor que amenaza la paz y la integridad de la vida republicana nacional.

SOBRE LA LEGITIMIDAD DE NICOLAS MADURO

Frente a esta agresión mulltiforme Venezuela ha bindado sus mecanismos constitucionales, los cuales le han dado sustento a la vida democrática e institucional. En esa línea se enmarcan las acciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Poder Electoral y el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo). Estos poderes se encuentra en pleno y perfecto funcionamiento, y alineados bajo los principios constitucionales de la defensa de la paz, la estabilidad democrática, el funcionamiento del Estado de Derecho y la protección del pueblo de Venezuela.

En este sentido los actos previstos para el 10 de enero de 2019, cuando se producirá la toma de posesión de Nicolás Maduro para el período 2019-2015 se enmarcan en los siguientes principios y disposiciones constitucionales:

1.- La soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo venezolano (artículo 5) . La legitmidad de Nicolás Maduro como Presidente fue otorgada por el pueblo venezolano en una elección (20 de mayo de 2018) mediante sufragio universal, directo y secreto.

2.- La elección presidencial es el acto que otorga cualidad al jefe de Estado (art. 228) y nadie puede negarle dicha cualidad y condición. Nicolás Maduro fue electo el 20 de mayo de 2018 por el 67,8% de los votantes y fue legalmente proclamado Presidente para el período 2019-2015 por el Poder Electoral el 22 de mayo de 2018.

3.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ordena que el 10 de enero del primer año del período presidencial el Presidente electo jure el cargo ante la Asamblea Nacional, y que de no poder hacerlo ante ésta, lo haga ante el Tribunal Supremo de Justicia.

4.- La Asamblea Nacional se encuentra en situación de “desacato” por negarse a cumplir sentencias del TSJ debido a actuaciones al margen de la Constitución. La AN controlada por la oposición venezolana se asume como un poder sin control y superior al resto de los poderes del Estado. Esa situación de suspensión legal de sus actos en tanto se ponga a Derecho, es lo que impide que juramentación se haga ante el órgano legislativo.

5.- La opinión de países u organizaciones extranjeras como el autodenominado Grupo de Lima, que ni siquiera es una organización multilateral ni forma parte del sistema de Naciones Unidas, carece de valor, es irrelevante e inaplicable con relación a la Constitución y leyes de Venezuela. Ninguna autoridad venezolana puede estar sujeta a órdenes de un poder extranjero porque ello supondría un acto de cesión de la soberanía política del Estado y una derogatoria de facto de la Constitución.

 

SOBRE LA DIPLOMACIA BOLIVARIANA DE PAZ

El Presidente Nicolás Maduro ha sido claro al advertir a la comunidad internacional que las agresiones contra Venezuela constituyen una seria amenaza a la paz continental. Una acción militar contra Venezuela, o el derrocamiento del Gobierno constitucional mediante un golpe de Estado o un magnicidio, no sólo sumergirá a Venezuela en una terrible e inmanejable situación de inestabilidad política, sino que tendr yntentos fallidos de golpe de Eludad dekl continente. desaparicinal que una accvuios expresidentestra actyualmente en desacato á graves efectos sobre la estabilidad del continente.

Frente a la estrategia estadounidense de la confrontación, Venezuela enmarca sus acciones en la Diplomacia Bolivariana de Paz, doctrina que forma parte legado político del Comandante Hugo Chávez. Significa que Venezuela privilegia salidas y soluciones basadas en el diálogo interno, el reconocimiento de la voluntad y la soberanía popular, la protección de nuestra población y la defensa integral del territorio, mandatos esenciales de nuestra Constitución.

La Diplomacia Bolivariana de Paz establece los principios de respeto a la soberanía de los Estados, a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados como pilares de nuestra política exterior. Y por ello mismo, Venezuela cuida celosamente su soberanía, los derechos de su pueblo y no acepta , bajo ningun pretexto, injerencia alguna en sus asuntos internos.

Así como Venezuela lucha cada día por alcanzar y reforzar la paz interna y externa, debe saber el mundo que la Patria de Simón Bolívar defenderá con todos los instrumentos de la legalidad y con todos los recursos de que dispone, su dignidad, su independencia y su soberanía, y jamás entregará los derechos de su pueblo y los recursos de su territorio al arbitrio o capricho de potencias extranjeras.

Venezuela está empeñada en abrir canales de di sMaduro ha sidente Nicolda de ade aciuerdos de convovencia y en le di' Bolivariana de paz, legado del Comandante HUgo esacato álogoálogo álogo con todos los sectores políticos internos en el marco de respeto a la Constitución y las leyes de la República. El Gobierno Bolivariano ha dado pasos concretos en la búsqueda de un clima de convivencia y normalización de la vida política. El presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 400 llamados al diálogo a los grupos opositores durante su gestión y hace apenas unos días ha ratificado -en su mensaje de fin de año a la Nación- su disposición al diálogo con todos los venezolanos.

De la misma manera, en octubre de 2018, el Presidente Maduro puso en marcha el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica para hacer frente a los profundos impactos y las graves situaciones creadas, fundamentalmente, por una campaña de agresión y sabotaje económico, los ataques especulativos a la moneda, y el bloqueo financiero impuesto por EEUU y sus socios, que buscan ahogar la economía venezolana.

El programa económico ha empezado a dar frutos en el control de algunas variables económicas fuertemente alteradas por el sabotaje económico, ha iniciado la recuperación del poder adquisitvo del salario, y ha impactado positvamente en los niveles de abastecimiento de productos esenciales. El programa incluye una estrategia de captación de inversiones, apertura y diversificación económica para recuperar la producción nacional y transformar el modelo rentista para avanzar hacia un aparato productivo nacional de mayor competitividad y eficiencia, al tiempo que se diversifican las relaciones comerciales y económicas del país.

La estabilidad política y la paz social es esencial para que Venezuela supere sus problemas económicos. Y es por ello que los enemigos de nuestra Patria no descansan y sabotean la normalización de la vida política, impiden el diálogo y siguen conspirando para incendiar al país de violencia, y atacando duramente nuestra economía.

Esta y no otra es la verdad sobre la presente coyuntura de Venezuela. Más allá de la retórica ilegal y violenta de EEUU y sus socios, podemos asegurar que las instituciones venezolanas, gracias a nuestra excepcional Constitución, podrán garantizar la normal continuidad del funcionamiento del país, especialmente la de una de sus instituciones más valiosas, como lo es la Jefatura del Estado. Venezuela seguirá avanzando con su modelo inclusivo de justicia social, con plena democracia, respeto a los derechos humanos y en ejercicio libre, irrevocable e independiente de su soberanía.

 

Caracas, 07 de enero de 2019

 

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